09.12.2009
Otro diálogo ¿para qué?

Por Violeta Granera Padilla

Directora Ejecutiva del MpN

A finales de los años ochenta, con el llamado diálogo de Esquipulas, Nicaragua decidió cambiar los fusiles por la palabra. Sustituir la guerra por el diálogo y la negociación. Los resultados no favorecieron equitativamente a todas las partes en conflicto —veamos la situación de los campesinos de la Contra y del EPS, y la fragilidad de nuestra democracia— pero ahorraron vidas y nos pusieron en el camino de la reconciliación y la paz. A partir de entonces, cada vez que la crisis nacional sube de tono, los liderazgos políticos recurren a la negociación. Y el diálogo se ha convertido en un fetichismo vaciado de contenido, que si bien produce alivio a las personas de buena voluntad, sólo ha abierto oscuras oportunidades a los que manejan los hilos del poder político.

Según observo, el círculo histórico de la dictadura, el empobrecimiento y la violencia se ha perpetuado de una forma menos dramática —latente, solapada— pero igualmente nociva, con el síndrome del engaño y la “viveza” política, disfrazada de entendimiento nacional, pero para beneficios particulares. El momento cumbre de este tipo de diálogo se dio en 1997, entre los muchos partidos políticos de entonces. Y las organizaciones de sociedad civil, bajo el liderazgo de don Roberto Calderón (q.e.p.d.) invertimos energía y recursos para facilitarlo. Los resultados concretos fueron espurios: una matriz de buenos compromisos —por años la guardé esperando ver progresos—, que fue desdibujándose con pactos posteriores menos aparatosos pero igualmente infructuosos para el bien común y dañinos para le país. El último borrón a esa matriz la dio el actual Gobierno con el desmantelamiento y violación al Sistema de Participación Ciudadana y la Ley que lo normaba, acuerdos que apuntaron a sustituir los diálogos coyunturales de cúpulas políticas y sociales por un diálogo público/privado incluyente, permanente y vinculante a todos los niveles de la división política del país y en todos los sectores de las políticas públicas.

Viendo hacia delante, y ante el rumor emanado desde algunos liderazgos políticos y sociales que repiten la canción ya conocida, quisiera aportar en este tema con las siguientes reflexiones:

El diálogo nacional no es un acto sino un proceso social que implica una actitud, una capacidad y una disposición de todas las partes dialogantes. Sin esas condiciones, podremos hablar de amarres y transacciones políticas, y podremos temer resultados muy distantes a los que el país necesita. Nuestra sociedad ha apostado por una paz basada en la tolerancia, el respeto a la diversidad y la aceptación de principios y valores básicos para la convivencia. Diecinueve años de diálogo ciudadano, pese a las limitaciones del contexto cultural y socio político, han resultado en propuestas ciudadanas diversas, valiosas y coincidentes en los aspectos fundamentales. Y no es cosa que pueda fácilmente desmontarse desde arriba, por lo que la dirigencia política de todo signo haría mal en menospreciarlo y en minimizar el riesgo que tal despropósito podría tener para el país y para sus propios partidos políticos.

Todo diálogo, sea éste privado o público, se da en el contexto de determinadas relaciones de poder entre las partes dialogantes. Es utópico imaginarlo exento de tensiones o con acuerdos basados exclusivamente en la justicia de los argumentos esgrimidos por las partes. Por ello, es importante que la ciudadanía muestre su determinación y fuerza para acordar y defender posiciones que sean consecuentes con sus aspiraciones. La Marcha Ciudadana por la Democracia fue un buen esfuerzo en esa línea, pero no debemos magnificarla. La presión ciudadana debe ser constante y persistente. La ciudadanía debe reclamar su derecho de soberano, es decir, su legitimidad para ser la voz cantante en cualquier diálogo, a través de la participación organizada dentro o fuera de los partidos políticos, de la movilización permanente y del reclamo de cuentas a los servidores públicos en quienes delegamos poder y a quienes pagamos para administrar los Poderes del Estado. Mientras no cambiemos la relación de fuerza entre la ciudadanía y los operadores políticos —fundamental en una democracia—, ningún diálogo, ningún proceso democrático estará exento de cooptación o manipulación.

En una crisis política tan definitoria como la nuestra, producto de la abierta intención de cambiar un modelo democrático respaldado por el 62 por ciento de la población por uno autoritario denominado “socialismo del siglo XXI” e impulsado por una minoría del 38 por ciento, cualquier diálogo debería delimitar claramente los aspectos que son innegociables. A mi modo de ver, las libertades públicas; la transparencia en los procesos electorales y en el manejo de los recursos públicos; nuestra Constitución Política; la independencia de los Poderes del Estado y la igualdad de todos ante la ley.

Cualquier diálogo en las actuales circunstancias debe tener como objetivo único restablecer las condiciones mínimas de la democracia y enfrentar la emergencia socioeconómica apremiante, dejando abierta la puerta a la cultura del diálogo nacional permanente y poniendo candados a la tentación de pactos entre cúpulas que facilitan el círculo vicioso de la dictadura, el empobrecimiento y la violencia.

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