18.08.2009
El modelo político del garrote

• Por ahora, el mejor aliado de la política del garrote es la apatía, el miedo y la división. Su mayor amenaza es la llama de la protesta cívica que se mantiene encendida y el fracaso del gobierno en paliar el impacto de la recesión --agravada por los efectos económicos del fraude electoral-- que se ensaña en los pobres y afecta de forma severa a los sectores medios. Los únicos protegidos ante la crisis son los allegados del Estado-partido, mientras a la gran mayoría le recetan el “sálvese quien pueda”

   

   

  Por: Carlos F Chamorro

   

  El ataque desatado por las fuerzas de choque del gobierno contra los miembros de la Coordinadora Civil, el pasado 8 de agosto, nuevamente ha puesto sobre el tapete el papel que ocupa la represión en la estrategia gubernamental.

   

  Durante el segundo semestre de 2008, una oleada sistemática de represión se convirtió en el modus operandi de la política oficial, pero en el 2009 con la excepción de las protestas reprimidas el 28 de febrero, el gobierno había logrado imponer su “paz social” sin tener que recurrir a la fuerza.

   

  Entonces, ¿por qué se reprimió una marcha relativamente modesta que aparentemente no representaba una amenaza para el gobierno?

  ¿Por qué, cuando está a punto de llegar al país una misión de la Unión Europea el 24 de agosto, el gobierno reprime a la Coordinadora Civil, una red de redes sociales que se caracteriza por su capacidad propositiva en materia de políticas públicas?

   

  ¿Acaso no le interesa al gobierno restablecer ante la comunidad donante sus supuestas credenciales democráticas, que resultaron invalidadas con el fraude electoral municipal?

   

  Siendo una acción a primera vista irracional y contraproducente para los propios intereses de la política gubernamental, podría argumentarse que lo ocurrido en los predios de la Catedral no fue dirigido por el gobierno, o que a lo mejor se le salió de control a algún grupo pro-gubernamental fanatizado.

   

  Pero el propio presidente de la República se encargó de descartar esa posibilidad, cuando ese mismo día con un cinismo goebbeliano justificó la agresión contra los de la Coordinadora Civil, alegando que “andaban en una campaña para defender a los golpistas en Honduras”. Sin ambigüedades de ninguna clase, Ortega ni siquiera se preocupó en guardar las apariencias o tomar distancia de la golpiza, simplemente oficializó la paternidad de la agresión. Como lo ha hecho notar la Arquidiócesis de Managua, eso es lo más grave de todo lo ocurrido porque si el Presidente no condena la violencia política, en la práctica se convierte en cómplice y promotor de la misma. Una violencia, además, que tiene el sello de la impunidad, porque se fundamenta en la negación de las funciones institucionales de la Policía Nacional.

   

  Sin embargo, la pregunta persiste ¿por qué necesita reprimir el gobierno, si alega contar con un amplio respaldo popular? En esencia, porque para un régimen autoritario de minoría política es de vida o muerte legitimar la represión como una supuesta expresión natural de la “lucha de clases”. Esa es la única forma cómo puede perpetuarse en el poder un gobierno autoritario que no cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Sólo puede gobernar sin oposición ni rendición de cuentas, anulando las posibilidades de desarrollo de cualquier oposición, disenso o crítica, ya sea que ésta provenga de los partidos políticos o de la sociedad civil.

   

  El modelo orteguista, cuya particularidad es que una minoría política ejerce el poder como si fuera mayoría, se sostiene en tres pilares:
  Primero, el institucional: el pacto con Arnoldo Alemán y el PLC, para controlar de forma efectiva todos los poderes del Estado --Justicia, Contraloría, Poder Electoral--, un control que sería ratificado a través de la próxima elección de 23 cargos de magistrados en el 2010.

   

  Segundo, el económico: la privatización de la multimillonaria cooperación venezolana para financiar actividades partidarias, los negocios privados del orteguismo, y el clientelismo político, a pesar de lo cual no ha logrado ampliar su base de apoyo más allá de los partidarios del FSLN.

   

  Y tercero, la fuerza represiva: la política del garrote ejecutada por fuerzas de choque para intimidar y neutralizar cualquier intento de organización de una verdadera oposición.

   

  En el filo de la navaja se encuentra la credibilidad de la Policía Nacional, que está siendo instrumentalizada por el gobierno, al otorgarle carta blanca a las fuerzas de choque para que actúen en completa impunidad. De esa manera se está desnaturalizando el carácter de la Policía como institución nacional, y de paso el propio gobierno de forma irresponsable alienta la violencia y la delincuencia, conspirando contra la seguridad ciudadana.

   

  Pero más allá del dilema que enfrenta el liderazgo de la Policía Nacional para mantener su cohesión interna ante las presiones gubernamentales, el principal desafío recae sobre los ciudadanos y los liderazgos políticos y sociales. A final de cuentas, de ellos depende y no de la Policía, si la gente decide salir a las calles a defender sus derechos, aunque esto implique enfrentar la represión.

   

  La mala noticia es que la política del garrote representa un elemento estructural del sistema. El gobierno no solamente no renunciará al uso de la fuerza, sino que la incrementará cada vez que perciba el incremento de la presión ciudadana. Eso es lo que pronostica todos los días el diputado Gustavo Porras, invocando consignas que están más cerca del fascismo que del socialismo del siglo XXI.

   

  La buena noticia es que las cosas están cambiando en el país. Hay un consenso nacional de condena a la política represiva que resume con valentía la Iglesia Católica, y en la medida en que se agrava la situación económica y social, se están creando condiciones para vincular lo que hasta hoy ha sido una protesta política por derechos ciudadanos con los reclamos sociales de los sectores populares y las clases medias. Mientras los políticos tradicionales están abocados a sus disputas intestinas, en el espacio municipal, en las universidades, mercados, barrios, sindicatos, gremios, entre los empleados públicos, asociaciones de consumidores, hay síntomas de un creciente descontento. Es el fermento del que surgirán nuevos liderazgos sociales, pese a que en este momento carecen de una plataforma política o de un paraguas organizativo.

   

  La tendencia es inequívoca: producto del sectarismo y la intolerancia del gobierno, Nicaragua ya entró a un nuevo ciclo de polarización política en medio de la peor recesión económica mundial. En consecuencia, también los sectores empresariales tendrán que definirse ante el rumbo de la política represiva del gobierno, porque no existe un modelo viable de negocios sin plenas libertades públicas.

   

  Por ahora, el mejor aliado de la política del garrote es la apatía, el miedo y la división. Su mayor amenaza es la llama de la protesta cívica que se mantiene encendida y el fracaso del gobierno en paliar el impacto de la recesión --agravada por los efectos económicos del fraude electoral-- que se ensaña en los pobres y afecta de forma severa a los sectores medios. Los únicos protegidos ante la crisis son los allegados del Estado-partido, mientras a la gran mayoría le recetan el “sálvese quien pueda”.

   

  El pacto y la cooperación venezolana pueden mantenerse hasta donde lo permitan Arnoldo Alemán y Hugo Chávez, respectivamente, pero la política del garrote es aún más precaria y se sostiene sobre pies de barro. Porque el orteguismo, cada vez más dependiente de la coacción sobre los empleados públicos, no cuenta con la fuerza social ni el consenso para reprimir el reclamo de un movimiento cívico de carácter nacional. Además, existe un límite en la capacidad del liderazgo de la Policía Nacional de tolerar mayores niveles de impunidad, sin que la misma institución se convierta en parte de la crisis.

   

  Esa es la trampa en que encuentra el orteguismo, y por eso el terror oficial a que desde ahora se legitime el derecho a la protesta cívica en los espacios públicos.

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25.08.2009
carlos morales

Excelente artículo, es claro que el desgaste y descrédito del gobierno los tiene contra la pared, nos toca pues al pueblo organizarnos sobreponiendonos al miedo, la apatía y la desunión para acelerar el aislamiento del gobierno y cambiar las cosas en nuestro país.

19.08.2009
Pepe Aleman

"El mejor aliado de la política del garrote es la apatía, el miedo y la división", pero, cuáles son las causas que explican tal conducta?. A mi parecer,no se ha logrado fortalecer el tejido social;a pesar de que existen diversos tipos de vínculos (ONGs,Org. sociales,de género,políticas, etc)estos no actúan bajo una plataforma estratégica común. Todos los que las dirigen creen que solo "sus organizaciones" son las que vanguardizan las luchas sociales.Por lo tanto, es imprescindible la "unidad estratégica" para superar "al mejor aliado del garrote..."

18.08.2009
will geselbracht

amigo.
aqui un escrito de la situacion que vive el orteguismo cuando cierra las protestas.

18.08.2009
Raul Leclair

Hace algún tiempo un dirigente del Cosep me enfatizó con mucho convencimiento pero con mayor sentido de defensa de sus intereses, que había que brindarle una oportunidad al Gobierno, al orteguismo, de demostrar sus buenas intenciones (sic). Sobradamente agotada la oportunidad sin resultados positivos, más bien llevados por senderos equivocados,es tiempo de que la empresa privada se una a otras fuerzas vivas del país para reclamar y exigir los cambios que necesitamos en la dirección del país. Lo entiende la Iglesia, iluminará esa luz el camino de los empresarios agrupados en el Cosep? Ancham lo está entendiendo mejor o está dispuesta a asumir mayores riesgos?